Necesidad de actuación ante la inviabilidad de la planta

La situación de inviabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián, debido a los problemas estructurales que impiden su competitividad, principalmente el precio de la energía eléctrica en España, llevó a Alcoa en octubre de 2020 a tomar la decisión de aplicar un despido colectivo (ERE).

La medida se tomó tras un proceso de consulta de cuatro meses con los representantes de los trabajadores en el que se exploraron múltiples opciones, incluído un proceso de venta de la planta. En diciembre de 2020, la Compañía fue obligada a suspender la decisión de despido colectivo y de parada de las cubas, tras la sentencia de nulidad de ERE dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, decisión en proceso de recurso ante el Tribunal Supremo en la actualidad.

Desde enero de 2021, Alcoa ha trabajado para avanzar en un proceso de venta de la planta de aluminio a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posteriormente procedería a su venta a un tercero, conforme había propuesto el gobierno. La oferta de Alcoa consistía fundamentalmente en traspasar la fábrica por un euro y aportar 70 millones de dólares como contribución para la continuidad de la actividad.

Varias partes interesadas han manifestado expresamente su interés por esta operación con SEPI, aunque todas ellas requieren:

  • Del vendedor (Alcoa): la aportación millonaria de 70 millones de dólares además de otras demandas comerciales, y
  • De las instituciones (Gobierno nacional y regional): una solución para el marco energético o aportaciones millonarias en líneas de crédito y fondos.

Sin embargo, la renuncia del Ministerio de Industria a adquirir la planta a través de la SEPI, anunciada en julio de 2021, ha llevado a Alcoa a presentar una propuesta para la venta de la planta de aluminio directamente a un tercero, pero solo una vez se haya abordado y resuelto. El problema fundamental de la planta, que es el coste de la electricidad derivado del marco energético existente en España, permitiendo así una vía de futuro para la fábrica, sus trabajadores y la región.